En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Llamazares denunció que la Comunidad de Madrid está siendo utilizada como "laboratorio de privatización" para articular un sistema que se encamina al estadounidense, y que lejos de ser un servicio público se concibe como "negocio sanitario".

Los llamados hospitales de gestión administrada suponen no sólo, en su opinión, una quiebra de los principios de universalidad de la asistencia sanitaria y accesibilidad para los ciudadanos, sino también un "deterioro" de la calidad de la sanidad, que va "más allá" de la Ley General de Sanidad.

Agregó que la "extralimitación" de algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, obliga a abrir un debate sobre las posibilidades que permite esta ley, la 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, IU ha presentado una proposición no de ley para emplazar al Gobierno a que reforme esta norma y otra de ley con la que este grupo parlamentario plantea directamente la modificación legal, que limita las posibilidades de gestión ajenas a la Administración a las fundaciones públicas y excluye la gestión por parte de empresas privadas.

DETERIORO DE LA CALIDAD

Explicó que las gestoras privadas "sólo son un chollo, porque ahorran en el salario de los trabajadores y porque deterioran la calidad de la asistencia sanitaria, con lo que profundizan en las desigualdades".

Subrayó que la gestión sanitaria que se está implantando en la Comunidad de Madrid implica "menos recursos por cama, menos personal, mal pagado" y menos cualificado, así como una selección de la actividad, con lo que aumentan las listas de espera y los casos complejos se derivan a otros servicios.

Confió en que el PSOE apoye esta iniciativa, aunque en su día respaldó la ley que ha dado origen a esta situación, con el fin de defender la sanidad pública, que es "la joya de la corona del Estado de bienestar" español.

Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, recalcó la necesidad de "clarificar el futuro y el presente del sistema sanitario público", más allá de la situación de la sanidad madrileña, cuyo gobierno ha ido "mucho más lejos de lo que cabría esperar" cuando se aprobó esta ley.

A su juicio, no es suficiente situar el debate en términos de la "voluntad política" de un determinado partido de "llevar al máximo las posibilidades de la ley, lo que puede conducir al desmantelamiento del sistema sanitario público", algo de lo que ya advirtió IU cuando se aprobó la ley 15/1997.

Concluyó que el debate no debe limitarse al "mero uso y abuso de la mayoría absoluta, que puede producir el desmontaje impune del sistema sanitario construido con el esfuerzo de todos".