Una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados, con la firma del coordinador general de IU y portavoz adjunto del grupo formado por IU-ICV y ERC, Gaspar Llamazares, contiene una batería de propuestas de reformas legales y medidas concretas para hacer frente a la corrupción urbanística.

IU considera que las reformas penales y del régimen de incompatibilidades deben completarse con un nuevo proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales "que garantice el principio de suficiencia financiera" y una reforma de la Ley Electoral "con el fin de apartar cautelarmente de las instituciones a quienes sean procesados por delitos de corrupción".

Llamazares plasma así el conjunto de propuestas presentadas al resto de formaciones políticas con anterioridad a las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008, que no tuvieron respuesta por parte de las formaciones mayoritarias.

El líder de IU denuncia que "PSOE y PP prefirieron utilizar este tema como arma arrojadiza de carácter electoral con acusaciones mutuas de los casos en los que estaban implicados cada uno antes de estudiar o adoptar soluciones prácticas".

Entre las medidas defendidas por IU figura la redacción y firma de un "Código Ético de conducta del cargo público" con el que todas las formaciones se comprometan a denunciar ante la Fiscalía "cualquier dato de corrupción que conozcan y a separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción".

Además, Llamazares reclama el incremento de los recursos materiales y humanos de las distintas Fiscalías de tribunales autonómicos que se ocupan de estos delitos, la reforma de la Agencia Tributaria para que haya una mayor dedicación a la prevención del fraude fiscal o la novedosa creación de dos registros públicos: el de recalificaciones de suelo y el de tenedores de billetes de 500 euros.

Todo ello se completa con el impulso a las "medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo frente a la especulación y la corrupción" o el refuerzo del Pacto Antitrasfuguismo para "velar por el cumplimiento del compromiso de no formar gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas firmantes".