El diputado de IU Felipe Alcaraz explicó esta tarde en rueda de prensa que este organismo dependería del Ministerio de Cultura y estaría compuesto por un total de 20 miembros, cinco procedentes de cada Cámara, cinco de organizaciones de perioistas y otros cinco de organizaciones empresariales.

El "Consejo de la Comunicación" se encargaría de elaborar un "código ético" que impediría la concentración, garantizaría la pluralidad y el derecho de acceso de las minorías, y evitaría la "gubernamentalización" del mensaje de la televisión y la radio públicas. Sería, según Alcaraz, "la gran autoridad comunicativa" en España, similar a la que ya existe en el entorno europeo.

Además, el texto presentado por Izquierda Unida establece mecanismos d control para que no se pueda ocultar la titularidad de la propiedad de los medios de comunicación.

Así, el límite quedaría fijado en el 15% de la propiedad de aquéllos medios de ámbito estatal o regional, y del 10% en los que compartan los dos niveles. En el caso de las televisiones privadas y de las plataformas digitales, el límite de propiedad quedaría en el 25%.

"Con esta Ley no sería tan respetable combatir a Telefónica o a Prisa simplemente a través de titulares, con una guerra psicológica" dijo Alcaraz.

Aunque aseguró desconocer la posición que adoptarán PP y PSOE ante el debate del texto en el pleno de mañana, Alcaraz mostró su confianza en que apoyarán su toma en consideración, ya que el Gobierno, a través de Miguel Angel Rodríguez, ha mostrado su "saludo favorable" a esta iniciativa, y el PSOE, dijo, ha criticado la formación de monopolios y duopolios.

Felipe Alcaraz argumentó la necesidad de esta Ley por la erosión "grave" que está sufriendo la libertad de expresión y la image del periodista. Antes, comentó, "era libre e independiente y dependía sólo de sus fuentes y de la verdad", y ahora "está empezando a depender de manera aguda de una serie de presiones bastante importantes".

El diputado de IU denunció la confusión creciente entre la opinión y la información en los medios de comunicación y la lucha "directamente política" entre los distintos bandos, que está "tiñendo" la actividad del propio Parlamento y "rozando" los derechos que garantiza el artículo 20 de la Constitción Española.