Según el portavoz de IU, Eduardo Cuenca, esas labores generan un peruicio a los ayuntamientos, que deben dedicarles varios funcionarios y un presupuesto que tendría que sufragar el propio ministerio.

Para IU, aprovechando el debate actual sobre el modelo de ejército, se debería acordar que los ayuntamientos no realicen las tareas de reclutamiento que actualmente les encargan.

El proyecto de Ley del Servicio Militar, que fue debatido la pasada semana en comisión en el Congreso, comenzará la fase de discusión en pleno a principios del próximo mes de diciembre.

El pasado mes de mayo, 42 ayuntamientos vascos fueron denunciados por el Ministerio de Defensa ante los tribunales por negarse a realizar tareas de alistamiento. Estas acciones judiciales afectaron a 23 municipios de Vizcaya, 16 de Guipúzcoa y tres de Alava. Algunas de las coorporaciones denunciadas depusieron su actitud, con el fin de paralizar una sentencia firme.

Actualmente, Madrid es la comunidad autónoma española con mayor número de objetores de conciencia reconocidos (13.325), seguida de Catalua (11.744), País Vasco (9.081), Andalucía (8.421) y Valencia (7.414), según datos del Ministerio de Defensa correspondientes al pasado mes de mayo.