El Congreso debatirá mañana, martes, una proposición no de ley de IU que plantea que los servicios de información sean controlados por el Congreso, por el Defensor del Pueblo y por una sala especial de jueces, entre otras novedades.

El portavoz de Defensa de IU, Willy Meyer, defiende que la coordinación entre los servicios de información recaiga sobre un civil: un político de confianza del Gobierno, que sería el encargado d rendir cuentas al Congreso de los Diputados, con una periodicidad anual como mínimo.

Por otra parte, la proposición no de ley de IU propone que los servicios de información sean divididos entre los que se dedican a la captación de información interior y los destinados al exterior, como ocurre en todos los países democráticos de nuestro entorno.

ESPIAS EN PARO

Por otra parte, la iniciativa de IU se refiere también al estatus laboral de los agentes del CESID, puesto que, según Meyer, "se da una ituación absolutamente rocambolesca, ya que los funcionarios no tienen los mismos derechos constitucionales reconocidos para el conjunto de los funcionarios del Estado", y no tienen garantizada la percepción del desempleo si son despedidos o concluye su contrato.

El contrato que suscriben con el CESID los agentes de información españoles establece, explicó Meyer, "una dependencia directa del capricho de tu responsable de información, que se enmarca en un vínculo de lealtad y de subordinación total que de quebrarse, les deja (a los espías) sin derecho al desempleo".

El portavoz de Defensa de IU añadió que muchas de las acciones ilegales de los servicios de información españoles se producen, precisamente, como consecuencia de un estatus ambiguo que impide que el propio funcionario pueda denunciar a su superior por encomendarle un servicio ilegal, al no tener garantizados sus derechos como funcionario.

"Queremos que en esa proposición de ley", señaló Meyer, "se garantice que el estatus de funcioario del servicio de información tenga garantizadas la protección de la ley en el caso de que denuncie órdenes de servicios ilegales, así como las protecciones sociales que le correspondan por ley, independientemente de que sea civil o militar".

IU pretende que la "obediencia ciega" a que se ven sometidos los "espías" españoles "sea objetivada, legal y constitucional, y que cuando les manden un servicio irregular, como el de escuchar al Rey, que puedan oponerse".