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IU PROPONE 17 REFORMAS EN LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LOS LÍMITES QUE SE IMPONE EL GOBIERNO - Quiere que recoja la renuncia expresa del Estado español al uso de la guerra como instrumento de política exterior

MADRID
SERVIMEDIA

Izquierda Unida plantea una reforma "ambiciosa de la Constitución" que incluya el impulso de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, un refuerzo de las garantías sociales y el desarrollo del Estado autonómico en sentido federal, frente a la "tibieza y serias limitaciones" con las que el Gobierno afronta las modificaciones constitucionales.

El coordinador de Política Institucional de IU, Félix Taberna, avanzó que la coalición se situará "a la ofensiva" en este debate, ante la "falta de concreción y nula defensa de una verdadera opción de izquierdas del Ejecutivo en este tema y el miedo que trata de hacer calar el PP en la sociedad ante la perspectiva de cualquier mínimo cambio".

En esta coyuntura, IU propone 17 cambios en la Carta Magna que empiezan por extender el derecho al voto a todos los ciudadanos establemente residentes en España, al margen de su nacionalidad; y garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, especialmente para asegurar la paridad de sexos.

Incluye en esta reforma la posibilidad de dar pie a un nuevo sistema electoral que "preserve con más fidelidad el principio de representación proporcional y no prime a las hectáreas sobre los ciudadanos"; y la capacidad de las comunidades autónomas de someter a consulta popular o referéndum decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias.

Flexibilizar los requisitos de la iniciativa legislativa popular y respeto del pluralismo en los medios de comunicación, precisando el derecho de acceso de los grupos políticos durante procesos electorales y de consulta a la ciudadanía con el principio de reparto equitativo en función de su representatividad son otras de sus solicitudes.

Además, quiere suprimir la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales como "principios rectores de la política social y económica", ya que, tal como aparecen ahora, "carecen de la protección reforzada que caracteriza a los derechos fundamentales, con lo que sólo retóricamente puede hablarse en la actualidad de un Estado social de derecho".

En su propuesta para la reforma de la Constitución, IU reclama que el Estado español renuncie expresamente en su "al uso de la guerra como instrumento de política exterior, tal como hizo la Constitución de 1931 siguiendo la línea del Pacto de la Sociedad de Naciones".

RENTA BÁSICA

Asimismo, considera que la regulación del derecho a la vida ha de completarse con otro precepto que debe establecer el derecho a percibir unos ingresos mínimos o una renta básica suficiente para atender las necesidades básicas vitales, que los poderes públicos están obligados a garantizar; y que debería incluirse también el derecho a una muerte digna.

En cuanto al derecho al trabajo, además de pasar a formar parte del núcleo más protegido de los derechos, cree que debe incluir la obligación de que los poderes públicos garanticen el acceso a un puesto de trabajo. También pide que se incluya el suelo urbanizable entre entre los recursos esenciales que pueden ser reservados al sector público.

Para la coalición, deben rehacerse los artículos constitucionales relativos a la atención a discapacitados y tercera edad de modo que se establezca el principio del derecho a la atención de las personas con dependencia para realizar las tareas cotidianas.

BIENESTAR Y COHESIÓN SOCIAL

Por otro lado, propone incluir entre los objetivos de actuación de los poderes públicos en el ámbito económico la promoción del bienestar y la cohesión social en un marco de desarrollo sostenible; la igualdad de oportunidades; la eficacia del sector público; y el funcionamiento eficiente de los mercados combatiendo los abusos de posiciones dominantes.

En cuanto al modelo de Estado, considera que la Constitución debería reconocer con claridad en su Título Preliminar el carácter pluricultural y plurilingüístico del Estado; y establecer un reparto nítido de responsabilidades entre éste y las comunidades autónomas, "evitando el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas".

También debe abrirse la posibilidad de "establecer lazos especiales de tipo federativo entre las comunidades que así lo decidan, y reformarse el procedimiento de modificación de los Estatutos de autonomía, de manera que aquello que no afecte a la delimitación de competencias quede a la libre decisión de cada Comunidad", concluye.

(SERVIMEDIA)
07 Nov 2005
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