En el borrador de esta iniciativa, al que tuvo cceso Servimedia, IU hace hincapié en las repercusiones que tiene para una poblacón cada vez más envejecida la política de "déficit cero a cualquier precio" del Gobierno, que ha llevado a reducir el gasto en el bienestar de los colectivos con necesidades más acuciantes.

Ante esta situación, el PP aborda una política de espíritu totalmente "conservador", que hace recaer las responsabilidades que debería asumir el Estado, como el cuidado de las personas dependientes y los menores, en las familias, y espcialmente en las mujeres, según denunció el portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz.

Por ello, Alcaraz anunció que va a presentar una respuesta a esta política de familia en forma de interpelación urgente que se presentará la semana próxima, mientras elabora una proposición de ley que recoja "la atención a personas dependientes o con discapacidad, la asistencia a las personas mayores y los servicios de atención a la infancia, con la suficiencia que dichas necesidades reclaman".

IU consideraque, para lograr este fin, es necesario potenciar cierta prestaciones sociales de carácter económico, ampliar la oferta de algunos servicios públicos y desarrollar otras medidas complementarias para "paliar las más graves carencias" de la política social que desarrolla el Gobierno popular y lograr una verdadera conciliación de la vida personal y laboral.

MAYORES Y DEPENDIENTES

La iniciativa pretende garantizar el derecho a la atención domiciliaria o en centros diurnos especializados a todas las persnas mayores que requieran atención socio sanitaria y no dispongan de rentas propias para acceder a ellos. Además, incluye la creación de un Comisionado para la defensa de este colectivo, dependiente de Trabajo y Asuntos Sociales, para asumir su protección y defensa legal.

Asimismo, aborda la atención e integración social y laboral de las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad sin desarraigarlas de su entorno social y familiar, aboga por incrementar los servicios de prevención y rehabiltación y fija prestaciones económicas para sus familias.

En cuanto a la infancia, señala que el Estado garantizará la oferta de plazas públicas infantiles para los niños de hasta cinco años, y creará centros de acogida que presten atención directa temporal a los niños que se han quedado sin hogar o cuyas familias presentan graves problemas de convivencia.

RENTA MINIMA

Por lo que respecta a las ayudas directas, establece una renta mínima para todos los ciudadanos que no dispongan de rentas o patimonio propio para garantizar su subsistencia, ni perciban otra prestación de las administraciones, salvo si ésta es inferior a esta prestación.

La cuantía de la renta mínima será equivalente al 90 por ciento del salario mínimo interprofesional, y se incrementará en un 50 por ciento por cada menor y cada persona dependiente o discapacitada que esté a cargo de la persona beneficiaria. La duración de esta prestación será indefinida, hasta que la persona pueda acceder a otros recursos económicos.

Esas actuaciones serán cofinanciadas por las distintas administraciones competentes, para lo que deberán coordinar los recursos existentes.

PRESTACIONES POR HIJO Y VIVIENDA PUBLICA

Por otro lado, acomete seis políticas complementarias que pasan por fijar en 90 euros al mes la prestación económica por hijo a cargo en sus dos modalidades, contributiva y no contributiva y establece de forma paulatina la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza pública obligatoria

Asimismo, extiende los derecos de las pensiones de jubilación a los trabajadores mayores de 52 años que han sido excluidos del mercado laboral; garantiza la promoción de vivienda pública de alquiler para jóvenes, discapacitados que habitan en viviendas inadecuadas, y familias monoparentales o con escasos recursos.