Con esta interpelación, IU quiere conocer si el informe que emitirá dicha comisión tendrá carácter "vinculante" para el Gobierno en cuanto al futuro del polémico complejo urbanístico.

José Borrell deberá responder a esta cuestión como responsable del ministerio a cuyo crgo se encuentra la Secretaría General de Medio Ambiente.

Según declaró hoy a Servimedia Antonio Romero, el Ejecutivo tiene también que valorar públicamente "la decisión poco lógica" tomada por el presidente andaluz, Manuel Chaves, de designar como coordinador del comité de expertos al sociólogo Manuel Castell.

Su nombramiento ha sido acogido negativamente por la oposición y algunas organizaciones ecologistas, ya que Castell está considerado como un intelectual afín al PSOE.

"Claramente, est señor puede ser parcial en el dictamen y favorecer los intereses del Gobierno, que es quien tiene todas las competencias sobre la gestión del parque nacional", precisó Antonio Romero.

ABSOLUTA LIBERTAD

Manuel Chaves ha insistido en reiteradas ocasiones que los expertos "actuarán con absoluta libertad" y ha expresado su deseo de que la comisión no sea interferida por grupos políticos.

Al tomar posesión de su cargo, el jefe del Ejecutivo andaluz anunció que antes de tomar una decisión sobre la cnstrucción del complejo "Dunas de Almonte" (antes "Costa Doñana") estudiaría sus consecuencias medioambientales.

Sin embargo, la postura del Gobierno de Sevilla ante la urbanización no ha quedado claramente definida. Quien sí ha fijado su posición es la dirección del PSOE en Huelva, que ha decidido no volver a presentar como candidato a la alcaldía de Almonte en las próximas elecciones a Rafael Díaz, el actual máximo responsable municipal y gran defensor del proyecto urbanístico.

El comité interncional de expertos creado por Manuel Chaves está integrado, junto a Manuel Castell, por José Luis González y Ana Magrade, especialistas en urbanismo y propuestos por la CE; la geógrafa Josefina Cruz, el hidrogeólogo Emilio Custodio, los economistas Francisco Granado y Carlos Román y el ecólogo Francisco García Lobo.

El proyecto urbanístico que analizará este órgano prevé la construcción en las proximidades de Doñana de 60.000 plazas hoteleras. Fue paralizado en 1988, al ser denunciado por varias fuerzs políticas y organizaciones ecologistas que consideraron que podría poner en peligro la zona que alberga la reserva de aves más importantes de Europa.