El crimen sucedido hace 20 años fue perpetrado por militares salvadoreños en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Además de Ellacuría, murieron Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juán Ramón Moreno y el religioso salvadoreño Joaquín López. Los asesinos también acabaron con la vida de su empleada Elba Ramos y la hija de ésta, Celina, de 16 años.

La identidad de los responsables de estos hechos se dio a conocer hace 16 años y sólo 2 de ellos fueron juzgados en 1991, tras lo cual fueron condenados a 30 años de prisión, de los que sólo cumplieron 3 al beneficiarse de la aplicación de una polémica ley de amnistía.

Entre ellos estaba el que fuera director de la Escuela Militar, el coronel Guillermo Alfredo Benavides. IU entiende que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

De hecho, está investigando la responsabilidad de 14 antiguos oficiales y soldados salvadoreños en estos asesinatos. Todos ellos serán citados por la justicia española y en caso de no comparecer el Gobierno podría solicitar su extradición.

IU entiende que los acuerdos de extradición vigentes entre El Salvador y España y la reciente victoria de la izquierda en el país centroamericano "podría dar justicia a estas muertes" y por ello pregunta al Gobierno si piensa solicitarla.