En su iniciativa explican que los delitos vinculados con la corrupción urbanística suelen estar relacionados con la corrupción política, atentan contra al patrimonio público, debilitan la credibilidad de las instituciones y vulneran derechos fundamentales en relación con la vivienda y en medio ambiente.

Denuncian que el pacto antitransfuguismo no se aplica con el debido rigor y que proliferan candidaturas independientes que "persiguen su acceso a las instituciones para hacer prevalecer los intereses particulares sobre el interés público".

Ambas formaciones entienden que la legislación vigente se ha revelado insuficiente para contrarrestar los fenómenos de corrupción. Por ello, proponen la creación de una comisión de estudio en el Congreso, para estudiar el fenómeno y proponer medida para atajar sus causas y prevenir nuevos casos.