El Ejecutivo planteó esta iniciativa ante el elevado índice de aprobados que, según algunas informaciones, obtenían los presos de ETA en sus estudios universitarios, cuestión denunciada por algunos profesores de esta universidad y d la que el Gobierno dedujo que se podía dar un trato de favor a estos alumnos.

Este proyecto del Gobierno será debatido el jueves en tramitación directa y lectura única, lo que significa que tras el debate de totalidad pasa directamente al Senado, sin estudiarlo en comisión y nuevamente en Pleno, ni presentar enmiendas parciales.

Los dos partidos nacionalistas vascos representados en el Congreso de los Diputados e Izquierda Unida han presentado sendas enmiendas a la totalidad para reclamar la devlución de este proyecto al Gobierno, por considerar que es una medida desproporcionada para atajar una situación que no está demostrada y que podría resolverse de otro modo.

Izquierda Unida resalta que si se producen estos "regalos" de licenciaturas son casos "absolutamente minoritarios", por lo que deben resolverse "de forma discreta", ejerciendo las acciones judiciales precisas contra los profesores implicados.

En cambio, el Gobierno "ha preferido manchar la imagen de la UPV", que, recuerda, esuna universidad pública del Estado, "y no un apéndice de partido nacionalista alguno", y "lanzarse a los medios de comunicación con evidente interés electoralista".

IU se pregunta "en qué daña a la reinserción de los reclusos por terrorismo el que la UPV les preste el servicio público de la educación universitaria", y resalta que el proyecto del Gobierno sí que perjudica a la resocialización, pues impide que los presos accedan a la enseñanza en sus dos lenguas.

El PNV deplora que ante supuestas stuaciones de "privilegio" y "trato preferente" a presos de ETA, en lugar de investigar y demostrar que ha sido así para corregir las posibles irregularidades, el Ejecutivo decida modificar una ley orgánica.

En su opinión, esta reforma no contribuye de ninguna manera a mejorar el sistema vigente, sino que se plantea como "un traje a medida para justificar que sea la UNED y no la Univeridad del país Vasco la que preste este servicio", aunque esto suponga que "muchos reclusos no puedan elegir cursar sus arreras en otro idioma que no sea el castellano".

LOS TERRORISTAS, PEORES NOTAS

Por su parte, Eusko Alkartasuna resalta que, en contra de las informaciones que se han publicado, los 152 presos de ETA matriculados en 16 titulaciones en el curso 2001 superaron el 43,93 por ciento de las asignaturas, mientras que el resto de los estudiantes aprobaron el 56,06 por ciento.

"Teniendo en cuenta que los reclusos de la organización terrorista suspenden más asignaturas que el resto de estudiantes, carece de sentido las afirmaciones vertidas", añade, y más aún emprender una reforma legislativa cuando "no se ha realizado investigación alguna ni se ha aportado ni un solo dato" que la justifique.

Por todo ello, se opone a esta modificación legal, que "carece de fundamento, restringe derechos más allá de lo necesario y de lo constitucionalmente permitido", y se incardina en la voluntad del PP de conseguir un "derecho penal del enemigo, contra el que vale todo; enemigo cuya determinación o definición cada ía es más difusa".