Esa proposición ley, presentada hoy en Madrid por el diputado de IU en la Cámara regional, Salvador Torrecillas, pretende alcanzar nuevas cotas de bienestar social para las personas minusválidas y los ancianos.

Trata de esablecer normas y disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad de todos ciudadanos a las nuevas realizaciones en los espacios libres de edificación y en los edificios y locales modernos de uso, así como a las nuevas unidades de transporte público de viajeros.

Asimismo, explicó Torrecillas, tiene como objetivo posibilitar la gradual eliminación de barreras físicas o sensoriales existentes en la actualidad en esos ámbito.

Esa propuesta legal, de aprobarse, será de aplicación en el ámbito dela Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), en todas aquellas actuaciones en materia de urbanismo, edificación, transporte y comunicación que se realicen por entidades públicas o privadas, así como por personas individuales.

Según Torrecilla, la ley establece una clasificación de las distintas modalidades de barreras: arquitectónicas urbanísticas, en edificaciones, en el transporte y en las comunicaciones.

La proposión de ley prevé también la creación de un Fondo para la Supresión de Barreras Arquitecónicas, de modo que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Integrción Social, destinará una partida presupuestaria en cada ejercicio para subvencionar la eliminación de barreras arquitectónicas y para la dotación de ayudas técnicas que permitan su eliminación.

En el acto de presentación de la proposicion de ley, Salvador Torrecilla destacó la creación del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas, como órgano de participación externa y cosulta, adscrito a la Consejería de Integración Social.

"En este consejo", señaló Torrecillas, "estarán representados distintos organismos públicos, representantes de las asociaciones de discapacitados de la CAM, expertos en arquitectura y sindicatos".

"El objetivo primordial de esta ley", insistió el diputado regional de IU, "es garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios a todas aquellas personas que se encuentren con algún tipo de limitación,para preservar los derechos recogido en la Constitución española".