En su voto particular, IU reclama la desaparición del aborto como delito del Código Penal y exige que la Sanidad pública preste de manera "normalizada" la asistencia necesaria para abortar.

Aboga por una ley de plazos "progresista de en torno a las 20-24 semanas de gestación, que permita a la mujer, libre de tutelas, decidir sobre si interrumpe o no su gestación. Decidir, en suma, sobre el derecho básico y fundamental a tener o no tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos".

IU recuerda que este derecho fue reconocido por más de 160 países, entre ellos España, en el marco de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo en 1994.

Contempla también la posible interrupción del embarazo más allá de las 24 semanas si se aprecian alteraciones del feto o peligro para la vida o la salud de la embarazada.

En cuanto a la objeción de conciencia, el voto particular de IU advierte que sólo es aplicable a las personas y no a las instituciones, al tiempo que la articula a través de un documento firmado por cada objetor que recoja de forma precisa la práctica sanitaria a la que afecta, y que en ningún caso puede ser la atención previa o posterior que reciba la mujer.

Llamazares explicó que sus propuestas deben inscribirse en una regulación del derecho a la salud sexual, que incluya la educación afectivo-sexual, la garantía del acceso a métodos anticonceptivos y una atención primaria en salud sexual y reproductiva de calidad.

Pide, igualmente, que se incluya en la carrera de medicina estudios sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la dispensación gratuita de la píldora postcoital.

Finalmente, Llamazares reprochó al PP su amenaza de llevar la nueva ley del aborto a los tribunales y advirtió al Gobierno de que "necesita a su izquierda parlamentaria" para sacar adelante esta norma.