El senador de IU explicó que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), puesta en marcha recientemente por el Ministerio de la Vivienda, "sólo generará mayor confusión entre los demandantes de vivienda en arrendamiento, porque está invadiendo competencias que ya desarrollan muchas comunidades autónomas y ayuntamientos".

Cuenca, que el miércoles preguntará en la Cámara Alta a la ministra de Vivienda, María Antonio Trujillo, sobre la puesta en marcha de la SPA, señaló que la administración central "ha roto el compromiso de no invadir con esta iniciativa aquellos territorios en los que ya funcionan agencias de alquiler autonómicas o municipales".

Afirmó que Vivienda, "con sucampaña publicitaria a nivel estatal, en lugar de facilitar recursos a las iniciativas autonómicas y municipales que se encuentran en marcha aparece como un competidor más".

Tras denunciar que actuando de esta manera "se desperdician recursos públicos y los únicos perjudicados son los demandantes de vivienda", criticó las "condiciones leoninas" establecidas por la SPA para acceder a una vivienda en alquiler, como la solicitud de un aval equivalente a cuatro mensualidades.

"Los ciudadanos que se dirigen a las agencias públicas de alquiler son aquellos que tienen pocos recursos y no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. Si el aval que pide la SPA es similar a lo que se paga de entrada para adquirir una vivienda, lo más seguro es que esas personas se sientan defraudadas por el Estado y se sigan buscando la vida como hasta ahora", aseguró.

Frente a esta invasión de competencias, el senador de IU instó al Ministerio de Vivienda a adoptar una serie de medidas presentadas por su grupo parlamentario que ya fueron aprobadas en la Cámara Alta, entre ellas, la puesta en marcha de un Programa de Primera Vivienda en Alquiler, acordado con comunidades y ayuntamientos, que garantice alojamiento digno a los jóvenes que desean emanciparse; la construcción de viviendas públicas protegidas en régimen de alquiler para la población con menos recursos, limitando el coste del alquiler a una proporción de los ingresos; y la creación de agencias o sociedades públicas de alquiler desde las CC.AA., coordinadas con institutos y empresas públicas de vivienda, favoreciendo la posibilidad de compartir vivienda.

En materia fiscal, planteó la "reconsideración de la financiación de la vivienda en lo que tiene que ver con las ayudas, avales y vías de financiación, así como la aplicación de IVA superreducido en las viviendas de Protección Oficial y en las viviendas en rehabilitación que vayan a ser destinadas al alquiler o venta de programas de protección oficial".