Llamazares destacó que la norma pretendía la "resocialización" de los menores y no una opción carcelaria fuera de las prisiones convencionales. La experiencia demuestra ahora que ha habido un "deficiente trabajo de reinserción" de esos menores.

IU achaca estas deficiencias a al hecho que "por la puerta de las organizaciones no gubernamentales", que se podían encargar de la gestión de dichos centros, "se nos han colado organizaciones 'sinónimo' de lucro" que, de hecho, han supuesto una "privatización de los centros", que a día de hoy llega al 83 por ciento de los que está en activo.

Desde la coalición de izquierda, creen que esa privatización se ha consumado por "la puerta falsa porque el legislador no quería privatizar" la atención a menores, por lo que "estamos ante un fraude de ley".

Ante esta situación, IU propone "recuperar el carácter público y resocializador de estos centros" y no gestionarlos úncamente como centros "punitivos" de manera que un menor internado tenga "menos protegidos sus derechos que un preso en la cárcel".

La iniciativa de IU señala que las organizaciones que gestionan estos centros son siempre asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, pero otros servicios como la limpieza, la seguridad o el catering acaban convirtiéndola en "un auténtico negocio".

Tanto es así que en un diario llegó a publicarse un anuncio en el que se pedían educadores "para empresa en expansión", que se trataba de una asocaición que gestionaba centros de menores.