IU ha remitido al fiscal del Estado toda la documentación que obra en su poder relativa a las irregularidades detectadas en varios arsenales de la Armada, algunas de las uales ya están siendo investigadas por la Justicia.

Según explicó hoy en rueda de prensa su portavoz de Defensa, Antonio Romero, IU también demandará al Tribunal de Cuentas para que realice auditorías pormenorizadas en los arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, así como en diversos estamentos de la Armada, presuntamente implicados en las denuncias.

Antonio Romero destacó el supuesto fraude a Hacienda cometido por la empresa Anglo-Industrial y Naval (Anisa), concesionaria de varias entidades vincladas al Ministerio de Defensa.

Según la documentación entregada por IU a los medios de comunicación, Anisa vendió repuestos en 1989 a varias firmas relacionadas con la Armada a un precio muy superior a su coste inicial.

Entre otras partidas remitidas por esta empresa, figura un conjunto de arandelas de acero que vendió a 20.000 pesetas cada una, mientras que su coste total no supera, en cualquier establecimiento, las 2.000 pesetas, según IU.

Romero denunció asimismo tener indicios de manejode información privilegiada entre mandos militares de la Armada y algunos responsables de la concesión de contrataciones.

DESHACER ENTUERTOS

Izquierda Unida considera "injustificable" que Defensa siga desembolsando sólo un 16,5 por ciento del billón de pesetas de su presupuesto anual a través de adjudicación por concurso de las contratas, mientras el 83,5 por ciento restante se hace mediante concesión directa.

El portavoz de IU anunció otras medidas que propondrá al ministro de Defensa, Julián arcía Vargas, en su próxima comparecencia en comisión, a fin de esclarecer las presuntas corrupciones detectadas en la Armada.

Entre estas exigencias, la coalición pide al Gobierno que elabore un informe sobre los mandos militares que son accionistas o directivos -tanto ellos como sus familiares directos- de empresas que trabajan para la Armada.

IU también pide que los tribunales civiles, independientemente de las actuaciones que pueda emprender la juticia militar, tengan conocimiento de todas la operaciones de la Armada que puedan juzgarse irregulares, especialmente las supuestas "cajas b".

"La mayoría de los militares son honestos, pero hay una minoría que convive desde hace muchos años con las corruptelas. Con Narcís Serra, el Ministerio de Defensa pasó de puntillas ante muchas denuncias de este tipo. Veremos si su sucesor, Julián García Vargas, es capaz de deshacer tanto entuerto como le ha dejado", afirmó Antonio Romero.