Según informó hoy IU, en la iniciativa solicita al Gobierno que realice las gestiones necesarias para modificar, a la mayor brevedad posible, los acuerdos internacionales con la Santa Sede que sean "contrarios a los mandatos de la Constitución española", al objeto de cnseguir que los mismos sean compatibles con la Carta Magna.

Igualmente, IU quiere que el Ejecutivo inicie los trámites para la reforma de las leyes y modificación de los reglamentos y convenios administrativos que permitan que "la Iglesia Católica viva al margen de los mandatos de la Constitución española, tal y como está sucediendo en estos momentos".

Por otro lado, la coalición pide al Gobierno que interese del fiscal general del Estado, en los términos del artículo 8 del Estatuto Orgánico del inisterio Fiscal, las acciones necesarias para proteger la Constitución y el ordenamiento jurídico ante la actitud "cercana a la insumisión jurídica" de la jerarquía de la Iglesia católica en España.

En este sentido, IU indica que "en los pasados meses se han sucedido varios escándalos públicos en los que la Iglesia católica española se ha negado a cumplir con la legislación vigente en España".

"ALGO NO FUNCIONA"

Así, considera que "la jerarquía católica española ha realizado unas interpretacioes extensivas y un tanto ofensivas al sentido común y al rigor jurídico del Concordato firmado entre España y la Santa Sede en el año 1979, así como de otros acuerdos internacionales, normas y convenios administrativos que rigen las relaciones entre las Administraciones Públicas españolas y las autoridades católicas en España. Todo ello con la intención última de escapar a la acción de los tribunales y el Parlamento español".

Según IU, "el hecho de que parte de las subvenciones que recibe la Iglesia ctólica española hayan sido aplicadas a sucias y oscuras tramas de especulación financiera pone de relieve que algo no funciona de manera correcta".

"Por si todo lo anterior no fuese poco, notables jerarcas católicos españoles se han permitido mentir ante una comisión de investigación del Congreso de los Diputados o negarse a colaborar con la actuación investigadora de los tribunales españoles en relación al 'caso Gescartera'", añade IU.

A juicio de esta coalición, "lo más grave es que el Gobierno con el Ministerio de Justicia a la cabeza, permanezcan sin hacer nada, permitiendo con su inacción que la jerarquía de la Iglesia católica se ría abiertamente del orden jurídico a cuya protección el Gobierno debe estar dedicado de forma preferente".