Hormaechea, ocho consejeros dl actual y del anterior Gobierno y un diputado regional del PP (ex consejero) se encuentran pendientes de procesamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

Precisamente, el presidente cántabro se refirió con ironía el pasado viernes a su posible entrada en prisión si se le condena por esos cargos (el delito de malversación está penado con doce años y un día de reclusión): "Al Dueso (penal cántabro) no iremos sólos. Estaremos compañadísimos. Vamos a ir con algún dirigente socialista. Espero que nos traten bien".

Hormaechea se refería así a sendas querellas que ha anunciado contra el anterior gobierno de su propio partido, el PP, presidido por Angel Díaz de Entresotos (1985-87), por supuestas irregularidades en una compra de equipos de televisión, y contra el gobierno de gestión del socialista Jaime Blanco, en el que también estaba el PP, por supuestas adjudicaciones irregulares de sondeos a dirigentes del PSOE.

En un ocumento de apoyo a las movilizaciones contra la crisis industrial que afecta a Cantabria, dentro del contexto de crisis generalizada en toda la cornisa cantábrica, IU sostiene que es "urgente" resolver previamente la crisis institucional si se quiere garantizar el relanzamiento de la economía cántabra.

"La política de despilfarro faraónico del anterior gobierno de Juan Hormaechea (1987-91, que cayó en una moción de censura presentada por el PP tras el escándalo de los insultos del presidente regionalcontra la cúpula del partido), concretado en inversiones de escasa rentabilidad económica y nula rentabilidad social, hace que la Diputación Regional esté en bancarrota", señala el documento del Consejo Federal de IU.

Según el máximo órgano de la coalición, a día de hoy 15.000 acreedores de la Diputación de Cantabria esperan el pago de 25.000 millones de pesetas en deuda ya vencida (la mitad del presupuesto regional de 1992) por falta de fondos.

Esta situación también fue denunciada el fin de semna pasado por el dirigente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Cantabria (los mayores acreedores del Gobierno Hormaechea) Félix Bolado Oceja, quien aseguró que el impago de la deuda está obligando a las empresas a presentar expedientes de regulación de empleo.

DIEZ AÑOS DE RETROCESO

El Consejo Federal de Izquierda Unida muestra su "apoyo más rotundo" a la huelga general convocada en Cantabria para el próximo 12 de marzo para protestar por la crisis económica y al resto de las movilzaciones previstas por los sindicatos.

"Dichas movilizaciones", prosigue el texto, "no son otra cosa que la respuesta lógica a una situación de grave crisis económica por la que atraviesa la región, en el marco de una crisis global de la cornisa cantábrica, así como expresión de la exigencia de un plan global integrado para superar la crisis económica".

Según el análisis efectuado por los responsables de la coalición en su reunión del pasado sábado en Madrid, el crecimiento de la economía de Cantbria fue el más bajo del conjunto de comunidades autónomas en la última década.

"A finales de 1991", argumentan, "hay menos personas ocupadas que en 1980. En igual período el número de parados se ha incrementado en más de un 50 por ciento, siendo la tasa de paro en Cantabria superior a la media española".

En el sector ganadero, se asegura, a finales de 1991 había 10.000 explotaciones, frente a las 20.000 de 1980, y esa cifra se reducirá hasta 5.000 explotaciones a finales de siglo.

Además, sgún IU, Cantabria es la región española a la que más se ha recortado el presupuesto en infraestructuras (autovías fundamentalmente) para llevar a cabo el "ajuste" de los Presupuestos Generales del Estado de 1991.