Asimismo IU-IC pedirá el apoyo del Grupo Socialista para poder plantear un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley, para lo que se necesita un mínimo de 50 diputados.

IU centra sus críticas fundamentalmente en la introducción de figuras jurídicas de derecho privado, como las fundaciones, para la gestión y administración de servicios sanitarios públicos, por considerar que vulnera los artículos 41, 43 y 129-1 de la Constitución Española, que señalan que compete a Estado la organización, la administración y el mantenimiento de servicios públicos para la atención sanitaria, dijo Angeles Maestro.

Joaquín Morales, miembro del área de Estado y Administraciones Públicas de IU, consideró que el problema "es grave, porque nos encontramos ante una política de privatización de la sanidad".

Maestro señaló que aquellas comunidades que más lejos han ido en la introducción de estas fórmulas de gestión privada en la sanidad pública, como son Galicia, Andalucía, Cataluñ y el País Valenciano, "son las que han engordado esa deuda sanitaria record que en tres años alcanza los 800.000 millones de pesetas".

Explicó que esa deuda no se ha producido por el aumento de inversiones, sino que ha habido un incremento espectacular de los gastos administrativos. "Ha ocurrido exactamente lo mismo que en la Inglaterra de Margaret Thatcher", dijo.

Por otra parte, IU ha pedido la comparecencia en el pleno del Congreso del ministro de Sanidad y Consumo para que explique los criteios de aplicación de las nuevas formas de gestión a centros sanitarios del Insalud y los mecanismos de toma de decisiones, entre otras cuestiones.