El accidente de este avión que transportaba soldados españoles destinados a Afganistán supuso la muerte de 62 militares en lo que es la mayor tragedia sufrida por el Ejército español en tiempo de paz.

Según señala IU, y teniendo en cuenta los últimos datos manejados, las sucesivas contrataciones a través de seis empresas intermediarias encarecieron artificialmente el alquiler de esta nave en cerca de 100.000 dólares, contando para ello con la aprobación de los responsables del anterior Gobierno del PP y de su ministro de Defensa, Federico Trillo.

Ante esta situación, el presidente-portavoz de su grupo Parlamentario Izquierda Verde, Gaspar Llamazares, reclama al ministro Bono que explique las supuestas irregularidades cometidas en esta contratación, así como los datos que obren en poder del Ministerio sobre si situaciones similares se han repetido en otros vuelos utilizados para el desplazamiento de tropas españolas en misiones internacionales.

Por último, Izquierda Unida respalda las valoraciones realizadas por la asociación de familias de víctimas del Yak-42 denunciando la "pasividad" de la Audiencia Nacional en la instrucción del caso, así como su petición de que en el mismo declare como testigo el ex ministro Federico Trillo y otros responsables del departamento cuando ocurrió la tragedia.