IU PIDE A LA COMISION EUROPEA QUE CONTINÚE EL PROCESO CONTRA EL DESDOBLAMIENTO DE LA M-501
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La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés,reclamó hoy "firmeza" a la Comisión Europea frente a la "impunidad" ambiental con la que está actuando el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre y que continúe con el proceso abierto ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Sabanés, que hizo estas declaraciones con motivo de la reunión que mañana mantendrá la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar la situación de la M-501, exigió que "continúe abierto el proceso contra este proyecto, que a día de hoy se sigue ejecutando con total impunidad pese a las sentencias existentes".
A su juicio, "se ha pretendido engañar a los ciudadanos, acometiendo unas obras ilegales, con el argumento del alto índice de mortalidad de esta carretera".
Señaló que el PP "no ha dudado en distorsionar datos, cuando la realidad es que había un Plan de Prevención de accidentes en la zona que no se ha llegado a desarrollar", y añadió que "las preocupaciones de Aguirre son otras y están muy relacionadas con los intereses urbanísticos de la zona".
Tras anunciar que en esta reunión el eurodiputado de IU Willy Meyer reclamará a la Comisión Europea que actúe de forma "eficaz y ejemplarizante" y que solicite al Tribunal de Justicia de la UE la aplicación de "medidas cautelares", dijo que"la historia del desdoblamiento de la M-501 es una historia de prepotencia, fraude de ley e intereses especulativos".
A su juicio, se trata de un proyecto que, "además de ser un verdadero despropósito ambiental, ha vulnerado normativa legal estatal, europea y autonómica".
"Ante estos hechos, Europa no puede mirar hacia otro lado, sobre todo cuando existe una sentencia demoledora del Tribunal de Justicia de Madrid que declara nulo el acto de aprobación del proyecto y obliga a la restauración del espacio a su estado original", manifestó.
Explicó que, cuando las obras ya se habían comenzado, la Comisión Europea abrió un expediente de infracción contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria y exigió a la Comunidad de Madrid la aplicación de medidas correctoras, entre ellas la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
Recordó que, en un primer momento, el Gobierno regional "ignoró estas medidas, pero posteriormente, y tras la decisión de la CE de presentar el caso al Tribunal Europeo, accedió a la realización del Estudio, aprovechando para anunciar la ampliación de las obras hasta el límite de la provincia de Ávila".
(SERVIMEDIA)
31 Mar 2008
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