Según el diputado de IU Jerónimo Andreu, se han pusto de manifesto criterios divergentes entre los ministros de Economía y de Obras Públicas sobre el futuro de las telecomunicaciones y, más concretamente, sobre la red de telefonía móvil y celular, que, en su opinión, el Ejecutivo tiene que aclarar.

"La venta del 24 por ciento planificada por la Dirección General del Patrimonio significa adelantarse a los planes de Borrell sobre la concesión de licencias de telefonía móvil", consideró Andreu.

Para IU, la actuación del Ministerio de Economía está iendo nefasta, ya que "pretende imponer mediante la venta de activos accionariales una política absolutamente liberalizadora en el mundo de las telecomunicaciones".