La formación liderada por Gaspar Llamazares apoya su iniciativa en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirmaba el reconocimiento de la condición de víctima a Norma Mechaca, fallecida en 1976 en las fiestas de Santurce (Vizcaya) tras recibir un disparo de grupos incontrolados de la ultraderecha.

Esta sentencia, añade, "introduce importantes cambios en la consideración restrictiva del concepto de víctimas del terrorismo que ha venido aplicando el Ministerio del Interior, y amplía la configuración de la responsabilidad del Estado derivada de estos actos según lo que fue el espíritu que llevó a la aprobación de la referida ley por unanimidad".

En este sentido, considera necesario "abrir un nuevo plazo extraordinario que permita a familiares de otras víctimas, a las que se ha negado este derecho, acceder a las indemnizaciones que establece la propia ley", como es el caso de quienes padecieron el "terrorismo de ultraderecha de los años 70 y otros en circunstancias similares".

Emplaza al Gobierno a que acometa las reformas necesarias para ampliar el ámbito de aplicación de esa ley a "todos aquellos que sufrieron algún tipo de lesión o agresión por parte de grupos violentos involucionistas y de las propias fuerzas del orden público que, en connivencia con aquéllos, pretendían impedir la transición a la democracia, alterando gravemente la paz y la seguridad ciudadana".

Por último, reclama al Ejecutivo que conceda un plazo extraordinario de seis meses para que puedan solicitar las indemnizaciones reguladas en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo aprobada en octubre de 1999 las personas que no pudieron verse protegidas por esta norma.