Sabanés dijo que el Gobierno regional debe dar "marcha atrás inmediatamente, dejar de promover la objeción a esta asignatura obligatoria y garantizar que se cumple la ley".

"Exigimos una rectificación inmediata y el reconocimiento de que Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe impartirse en todos los centros de la región y a todos los alumnos", añadió.

Señaló que la presidenta "siempre ha declarado que acataría" la sentencia del Supremo, por lo que "ha llegado la hora de demostrarlo", y afirmó que "nos encontramos ante otro varapalo judicial a Aguirre, que ya debería tomar nota y entender que no puede utilizar la ley a su antojo y por su interés político".

A su juicio, la sentencia del Supremo relativa a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos "debe poner fin a la estrategia del Gobierno regional de utilizar esta asignatura como arma arrojadiza contra el gobierno central, sin importarle las consecuencias".

Explicó que el gobierno de Aguirre "desde el principio ha promovido de forma irresponsable la objeción a esta asignatura obligatoria, alentando a la objeción a las familias y posteriormente dando instrucciones a los centros para que permitieran la objeción y poniendo en marcha una alternativa a esta asignatura".