Espetó a Aguirre, que "su ley está recurrida con argumentos razonables y los madrileños esperan una explicación fundada de sus argumentos, y no que se escude en el procedimiento".

Montiel recordó que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva de la Legislación Básica de Montes y permite a las comunidades autónomas aplicar medidas de protección adicionales.

Dijo que a Aguirre no le preocupa que los agentes forestales madrileños "no puedan trabajar en igualdad de condiciones" que el resto de forestales y, además, "confunde la entrada en las fincas con la inviolabilidad del domicilio".

La parlamentaria de IU explicó que hasta la fecha se han solicitado 25.000 permisos para entrar en fincas privadas y que sólo se han tramitado cuatro. "e solicitaron cuatro para podas y se autorizaron cero; en quemas, 144 peticiones y cero tramitadas; en inspecciones, 23.427 solicitadas y cuatro concedidas, y en investigación de incendios, 38 pedidas y cero conseguidas", explicó.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respondió que el Constitucional no ha hecho ninguna valoración de la ley, sino que sencillamente ha aplicado el procedimiento previsto en la Carta Magna, ya que cuando el presidente del Gobierno decide impugnar una ley de una comunidad y pedir la suspensión, ésa es automática.

"Queremos que los agentes tengan exactamente la misma consideración de autoridad que la Policía Nacional y la Guardia Civil", indicó Aguirre, quien el tribunal cuenta con un periodo de tiempo no superior a cinco meses para decidir.