IU ha decidido no seguir esperando a que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lleve al Parlamento una propuesta en ese sentido y planea presentar una interpelación para que el Ejecutivo explique su postura en esta materia.

Según Llamazares, esta comisión debería estudiar las modificaciones pertinentes sobre la legislación del suelo para evitar en los posible nuevos casos de corrupción vinculadas a negocios urbanísticos.

Además debería establecer un incremento de las incompatibilidades de funcionarios y responsables públicos, así como promover mecanismos éticos y jurídicos de investigación, control y sanción cuando surjan casos de especulación.

Llamazares entiende que la corrupción vinculada a operaciones urbanísticas es una "grave lacra" que "afecta a la credibilidad de las instituciones democráticas" por lo que es urgente que los poderes públicos tomen cartas en el asunto.

La Mesa del Congreso aprobó la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno sobre este asunto y ahora está pendiente de que se fije una fecha para la misma. Llamazares reconoció que esperaba que el Gobierno fuera "más agil y comprometido" en esta materia, "pero como no lo ha sido tenemos que tomar la iniciativa", argumentó.