El portavoz de Economía de IU-ICV en el Congreso, Ángel Pérez, explicó que con ello pretenden hacer frente a una reforma con la que los trabajadores, "junto a aquellos que tienen menores rentas, van a ser los grandes sacrificados en beneficio de las rentas del capital y los contribuyentes de mayores ingresos".

"Queremos conectar con las exigencias que los sindicatos de clase plantearon ante las anteriores reformas fiscales del PP, al igual que lo hicieron otras formaciones de izquierdas como el PSOE", agregó, aunque "parece que sólo cuando está en la oposición y que olvida al llegar al gobierno, para recuperar la progresividad y equidad perdidas y que se van a perder aún más en este impuesto".

El portavoz económico de IU-ICV denunció que el responsable de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y los economistas socialistas "pretenden haber encontrado la cuadratura del círculo, aunque esto es más una cuestión de propaganda que de hechos y cifras reales".

"Nos gustaría que explicaran de verdad y sin trampas a la sociedad cómo piensan reducir la recaudación en unos 4.000 millones de euros más como consecuencia de las medidas que afectan al IRPF y a las modificaciones en el Impuesto de Sociedades sin poner en peligro las políticas públicas precisas para mejorar la cobertura de necesidades básicas de los ciudadanos", apuntó.

Se preguntó cómo piensa financiar no sólo a la educación, servicios sociales, asistencia sanitaria o vivienda, sino también "otras iniciativas públicas que han de mejorar nuestro sistema productivo, como investigación e infraestructuras sostenibles.

"Además, este modelo de rebaja fiscal para los que más ganan y para los empresarios es contraproducente atendiendo a los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país, con una elevada inflación relativa y un desproporcionado déficit exterior, que hacen muy difícil pensar que pueda contribuir a mejorar el modelo de crecimiento y la competitividad", dijo.

Añadió que España está a la cabeza de los países europeos en fraude fiscal, con una proporción que diversos estudios estiman en el 23 por ciento del PIB, por lo que la mejor reforma pasaría, antes que por recortar los impuestos directos, por acometer una "decidida lucha contra el fraude, lo que implica mejorar el proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal".

Expresó su rechazo al recorte del tipo máximo del IRPF al 43 por ciento, la reducción de tramos y ampliación de cuantías, con lo que se minora la productividad, y el "regalo fiscal a los mejor situados económicamente: un 30 por ciento del coste de la reforma se dirige a menos del 5 por ciento de los contribuyentes, los más ricos".

Respecto al Impuesto de Sociedades, con la reforma que plantea el Ejecutivo, advirtió, "es muy probable que las rentas del capital empresarial reduzcan su aportación, por esta vía, al sostenimiento del gasto público, acentuando aún más la regresividad de nuestro sistema fiscal".