En una nota que la oficina de prensa federal difundió esta tarde, la Ejecutiva del PSOE asegura desconocer los hechos que se reltan en ambos periódicos y manifiesta que estas denuncias han sido acogidas por el partido con "sorpresa y extrañeza".

"Al no existir ninguna relación entre las actividades del partido y la información reseñada, se ha remitido el contenido de la misma a los asesores jurídicos del partido para las actuaciones que de su estudio puedan derivarse", recalca el comunicado.

El secretario general de los socialistas catalanes, Raimon Obiols, dijo que era "tajante" al negar estas denuncias en lo que respect a su partido en Cataluña, aunque remitió al esclarecimiento final de las mismas para comprobar definitivamente su falsedad.

Según publican hoy "El Mundo" y "El Periódico de Cataluña", entre 1988 y 1990 dos pequeñas empresas de Barcelona, Filesa y Time Export, ligadas al PSOE, cobraron cientos de millones de pesetas a importantes entidades bancarias y empresas públicas por estudios de asesoramiento que finalmente no realizaron.

Una parte importante del dinero recibido, según esos periódicos, fue tilizada para pagar los gastos publicitarios generados por la campaña electoral del PSOE para los comicios de 1989.

VINCULOS FAMILIARES

Las citadas empresas, Filesa y Time Export, están dirigidas por Luis Oliveró, tío carnal de la esposa de Carlos Navarro, responsable de finanzas del Grupo Parlamentario Socialista y diputado del PSC-PSOE por Barcelona.

En la plantilla de Time Export figura Alberto Flores, hermano de la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Flores.

Según El Mundo", con una exigua infraestructura de medios humanos y técnicos, Filesa y Time Export facturaron estudios al BBV y al Banco Central por un importe de 84 y 203 millones de pesetas, respectivamente, que en ningún momento fueron entregados a sus clientes.

De acuerdo con las mismas informaciones periodísticas, ambas sociedades vinculadas al PSOE también habrían asesorado a empresas públicas como la petrolera Cepsa.

Las personas referidas en los trabajos que publican esos periódicos han negado ener ninguna relación con las irregularidades denunciadas.

REACCION DISPAR

Las dos principales fuerzas de la oposición, PP e IU, reaccionaron de forma dispar ante lo publicado. Mientras IU exigió en el Congreso la creación de una comisión de investigación, por considerar que los socialistas podrían haber incurrido en un fraude de ley, el PP se mostró partidario de aguardar a una respuesta clarificadora del PSOE para emprender posibles acciones legales.

El portavoz de Izquierda Unida, Ramón Espaa, señaló en rueda de prensa que aunque hay que comprobar la veracidad de los hechos denunciados, "se presume la existencia de un fraude de ley, ya que se podría haber vulnerado la ley de Financiación de Partidos Políticos".

Espasa dijo que una comisión de investigación sería el cauce más democrático para esclarecer el alcance de los hechos denunciados.

Sin embargo, vaticinó que en esta demanda "toparemos" de nuevo con la negativa del PSOE a crear comisiones de este tipo, como sucedió con los cass "Guerra" o "Naseiro"

El representante del PP, Rodrigo Rato, manifestó que se trata de un asunto "muy serio y grave", pero consideró que "es al partido afectado al que compete dar explicaciones".

"Cada cual es responsable de lo que hace", dijo el diputado del PP, quien, sin embargo, justificó la decisión de su grupo de no emprender inmediatas acciones parlamentarias alegando que no se trata de una cuestión que afecte al funcionamiento del Estado.

"Si nadie da explicaciones y el Estado no poe sus instrumentos de control pertinentes -el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General del Estado, el Grupo Popular podría adoptar alguna iniciativa", precisó Rato.

Preguntado si hechos como los denunciados son "moneda común" en el resto de fuerzas políticas, el portavoz del PP contestó: "En mi partido, hasta donde yo sé, ésta no es una práctica generalizada"