Según informó a Servimedia uno de los miembros de la comisión de IU, "la cantidad que los empresarios andaluces han podido defraudar a Hacienda por la peonadas declaradas y no trabajadas desde 1984 hasta hoy ascienden a unos 500.000 millones de pesetas".

Esta es una de las conclusiones del informe de la colaición IU sobre el fraude del PER en Andalucía, que serán enviadas a la Jefatura Superor del Tribunal andaluz, cuyo responsable adelantó a Servimedia "que serán tenidas muy en cuenta" en el proceso de investigación que este departamento está llevando a cabo.

Para Izquierda Unida, ese volumen económico del fraude es facilmente deducible, ya que "bastaría con que la Inspección de Trabajo cotejara el número de jornales declarados por los empresarios en 1983, cuando no eran necesarias las firmas para el acceso al subsidio, con los que vienen declarándo en los últimos años, y teniendo en cunta la mecanización del campo, y por tanto, la disminución de los puestos de trabajo".

Los dirigentes de IU han insistido al fiscal en que la información que trascienda a la opinión pública sobre este proceso "no debe presentar a los alcaldes y jornaleros como únicos implicados en el fraude evitando que esta imagen afecte a los empresarios".