La coalición liderada por Gaspar Llamazares resalta lo "positivo de la sentencia y el carácter histórico y ejemplarizante que tiene de cara a la lucha futura contra la impunidad en este tipo de delitos de lesa humanidad".

Los abogados Enrique Santiago y Virginia Díaz consideran que la sentencia "refrenda la estrategia y la fundamentación jurífica que Izquierda Unida defendió desde un primer momento", en contra de las opiniones de otras acusaciones, "que no veían conveniente que se aplicara con contundencia el Derecho Internacional en esta causa".

A su juicio, era necesario sentar un precedente en cuanto a la posibilidad de que un tribunal nacional haga frente a "crímenes contra la humanidad, genocidio y terrorismo llevados a cabo sistemáticamente o por la organización criminal en la que se convirtió el Ejecutivo argentino, secuestrando, torturando y haciendo desaparecer a más de 30.000 personas".

Añaden que la "trascendencia de la sentencia se encuentra en el hecho de que por primera vez se produzca un fallo judicial de este tipo, donde no sólo se consigue una muy dura condena a 640 años de cárcel, sino que además es una sentencia única por crímenes contra la humanidad en la jurisdicción europea".

"El Estado español tenía además una deuda pendiente con los españoles que murieron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en otros centros de detención habilitados por los responsables de la dictadura", añaden, para animar a los familiares de las víctimas a continuar su lucha para que los crímenes tengan el castigo que merecen.

Concluye que tras nueve años de juicio, desde que IU se personó en este procedimiento el año 1996, "no será IU quien recurra esta positiva y acertada sentencia, y esperará al más que previsible recurso de los abogados de Sciligo para aportat los argumentos que puedan ayudar, más aún si cabe, en la consolidación de esta sentencia judicial".