La propuesta rechazada considera que esas organización se limita a promover un proyecto de "desobeciencia civil" y alegaba que "las acusaciones bajo las cuales se han encarcelado a los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe suponen un ataque directo al pluralismo político y a la liertad de expresión de Euskal Herría".

La resolución añadía que el Gobierno del PP y jueces como Baltasar Garzón practican una política dirigida a "agudizar el conflicto en Euskadi y de paso a eliminar las voces críticas de aquéllos que no nos sometemos al pensamiento único".

Asimismo, la resolución agregaba que los miembros de IU en el País Vasco "manifestamos sentirnos amenazados por los aparatos del Estado, ya que nosotros también pretendemos subvertir el orden constitucional, ya que nos declarmos republicanos y anticapitalistas, porque defendemos la abolición del Ejército y el reconocimiento del ejercicio de autodeterminación de los pueblos".