En una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, el grupo IU-ICV denuncia la "irregularidad administrativa y la marginalidad" a la que están abocados quienes terminan en este "limbo jurídico", uno de los "aspectos más dolorosos" de la actual legislación de extranjería.

Este grupo parlamentario argumenta la necesidad de su propuesta para acabar con las "hipocresías políticas" existentes en que, y según datos facilitados por el Gobierno en octubre de 2005, entre enero de 2001 y mayo de 2005 el número de expulsiones que no se pudieron completar ascendió a 122.238.