La citada proposición de ley fue presentada hoy en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados por los portavoces parlamentarios de IU y de ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, respectivamente.

Con esta proposición de ley, IU-ICV "pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social a ser un verdadero derecho subjetivo, consustancial a la condición de sujeto de derecho que reside en nuestro país en un momento en que la crisis también va a poner a prueba nuestro Estado social y los mecanismos de cohesión".

Tres son los pilares en que se sustenta la propuesta de IU-ICV, hipotecario, fiscal y servicio público. Así, en primer lugar, proponen un sistema de límites temporales y cuantitativos a los créditos hipotecarios que pueden ser concedidos por una entidad crediticia a un particular para la compra de una vivienda libre.

Por ejemplo, no podrán concederse préstamos que superen el 40% de los ingresos personales o familiares y cuyo plazo de amortización sea superior a los 30 años y tampoco se podrá embargar el salario, la pensión, o el subsidio, que no excedan la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional

En cuanto a las medidas fiscales, proponen "una fiscalidad que prime la vivienda protegida frente a la vivienda libre, el alquiler frente a la compra y la vivienda ocupada frente a la vivienda desocupada".

Así, apuestan por que la producción de vivienda protegida que vaya a estar en alquiler un mínimo de 50 años estará exenta de cualesquiera tributos. Otra medida consiste en que la vivienda que se determine administrativamente como desocupada tributará en todos los impuestos que le afecten con un recargo del 250%.

Por último, abogan por un "Servicio Público de Vivienda, a través de la creación de parques públicos permanentes en alquiler, la producción de vivienda protegida calificada de por vida y vendida en derecho de superficie".