La coalición liderada por Gaspar Llamazares explica en su propuesta que una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el 65% de los médicos y el 85% de las enfermeras ha afirmado que alguna vez ha recibido la petición de un paciente terminal de morir, y que el 21% de los médicos reconoce que en España se pactica la eutanasia.

En su argumentación, la iniciativa resalta que la Constitución consagra que "la vida es un derecho, no un deber", y por tanto la regulación de las conductas relacionadas con el suicidio deben ser abordadas desde una perspectiva que reconozca la "disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir".

No obstante, resalta que la irreversibilidad de las consecuencias de esta decisión, la eventual implicación de terceros y la vulnerabilidad en determinadas ituaciones y etapas hacen necesario "adoptar cuantas medidas sean posibles en orden a garantizar la plena libertad de la voluntad".

IU propone despenalizar los actos que propicien o faciliten "la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera gneralizada para valerse por sí misma".

En esta iniciativa, explica en en su exposición de motivos, "se asegura que todo consentimiento cumpla unas ineludibles condiciones de capacidad y validez, y se consolida la intervención subsidiaria de los representantes del paciente en condiciones claramente establecidas".

Finalmente, se recoge expresamente el reconocimiento de la llamada "declaración vital", con las condiciones para que sea válida, que podrá ser revocada en cualquier momento por el pacient, aunque esté incapacitado, y que no deberá ser tenida en cuenta cuando haya razones fundadas para pensar que ya no coincide con la voluntad del enfermo.