Carme García afirma en una nota que "el incremento de personas que se dedican a la prostitución y las malas condiciones sociales, laborales y sanitarias en que se encuentran muchas de ellas, es una razón de suficiente peso para que el Gobierno se implique y abra un debate, reclamado por la ciudadanía, de cara a la resolución de esta problemática de la forma más consensuada posible".

La diputada de Izquierda Verde-IU-ICV subraya que la prostitución no es una actividad que se ejerza por interés propio en la mayoría de las ocasiones, sino que muchas de las personas que se ven obligadas a prostituirse lo hacen bajo amenazas y controladas por mafias.

"La situación de alegalidad en que se desarrolla la prostitución es una de las razones que llevan a que no se pueda controlar el número de personas que la practican. Las cifras oscilan entre las 45.000 y las 600.000", concluye.