El grupo parlamentario formado por la coalición IU e IC-V considera que la despenalización de determinados supuestos de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 1985 presenta "insuficiencias" a la hora de garantizar la protección jurídica y médica de las mujeres que se someten a estas práctica y de los profesionales sanitarios que las realizan.

La reforma planteada por la coalición pretende cubrir las deficiencias detectadas en la vigente ley e incorporar el sistema jurídico español al de nuestro entorno más cercano, "en los que de forma mayoritaria protegen la libre decisión de las mujeres para interrumpir su embarazo en las primeras semanas de la concepción".

Esta proposición de ley establece que las autoridades sanitarias permitirán que la información y la práctica de la contracepcón estén realmente al alcance de mujeres y hombres y sea una prestación normalizada en la red Sanitaria Pública, con las dotaciones presupuestarias que requieran.

El texto propuesto por IU-ICV establece que el Estado "garantiza a todas las mujeres en edad fértil el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con independencia de su edad, estado civil y nacionalidad".

La iniciativa fija las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo, que podrá realizarse en las primeras catorc semanas cuando el embarazo sea consecuencia de un delito, o si a juicio de la mujer puede suponer un conflicto personal, familiar o social.

Según esta propuesta, los centros de asistencia y asesoramiento no podrán asumir, en ningún caso, la función de autorizar o denegar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que a ellos acudan.

Por otro lado, el aborto podrá realizarse en las veintidós primeras semanas si es presumible que el feto nazca con malformaciones físicas opsíquicas, siempre que este pronóstico sea constatado en dictamen emitido por dos médicos especialistas, de los que al memos uno será distinto del que intervenga a la embarazada.

La interrupción del embarazo podrá realizarse en todo el período del embarazo si dos médicos certifican que su desarrollo pone en grave peligro la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, o si ésta pertenece a un grupo considerado de riesgo.

Según esta reforma, las interrupciones de embarazo sólo pueden practiarse en un centro sanitario debidamente acreditado, por personal sanitario y supervisado por médico especialista, sean públicos o privados, y con la mayor brevedad posible.

Además, las autoridades sanitarias garantizarán que en toda la red pública presten servicio equipos médico-sanitarios que garanticen la intervención, para que las mujeres que lo requieran puedan acceder a este derecho dentro de su área de salud y de la zona de residencia, o de cualquier otra zona que elija en reserva de su derechola intimidad.