La iniciativa del grupo presidido por Gaspar Llamazares urge al Ejecutivo a llevar al Congreso una reforma de la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones que evalúe los terrenos de acuerdo con su precio real y no las expectativas e incremente la cesión para viviendas de protección oficial.

IU-ICV quiere que se invierta la actual proporción de gasto público en vivienda, de modo que antes de que finalice la legislatura el cincuenta por ciento vaya a inversión directa en políticas de vivienda y el resto a desgravaciones fiscales, que actualmente, según los datos de este grupo, se llevan el 70 por ciento.

Asimismo, quiere que el Gobierno elabore en seis meses un Plan de Vivienda Joven; que reoriente la Sociedad Pública de Alquiler para que respete las competencias autonómicas; decrete la exención del IRPF y el IVApara las ayudas al alquiler, y reduzca el impuesto indirecto para las viviendas rehabilitadas o de protección oficial.

Otra de las propuestas de resolución básicas para IU-ICV es la que reclama el cierre de las centrales nucleares, para lo que exige al Gobierno la elaboración de un plan antes de que acabe la legislatura con un horizonte claro que empiece por no prorrogar los permisos de funcionamiento de Garoña.

También recuerda que el Ejecutivo se comprometió a modificar antes de que acabe el año el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y pide que se garantice la gestión de residuos radiactivos siempre desde la base del consenso y el debate en torno al futuro de la energía nuclear en España.

Por otro lado, la coalición de izquierdas reclama un impulso al municipalismo y una reforma de la financiación local que asegure su suficiencia financiera, compense la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, e incremente la participación de las coporaciones locales en los ingresos del Estado.

NUEVOS DERECHOS CIVILES

Las políticas sociales, de igualdad y los nuevos derechos civiles ocupan otra de las propuestas de resolución, con la demanda de un incremento del gasto en protección social hasta alcanzar en dos legislaturas la media de los 15 estados de la UE, antes de la ampliación, lo que requiere aumentar el gasto en los Presupuestos en un punto del PIB cada año.

Asimismo, requiere la mejora de las pensiones públicas, la garantía universal de la atención pública a las personas dependientes, incluida la etapa de cero a tres años; el consenso para elaborar la Ley de Dependencia y su desarrollo normativo y dotación presupuestaria a fin de garantizar su plena vigencia el 1 de enero de 2007.

Un plan concertado de servicios sociales básicos en colaboración con las administraciones autonómica y local, un proyecto que regule la renta mínima de inserción social, un plan para la inclusión, y la integración de las personas con discapacidad y los inmigrantes son otras de sus demandas.

En el terreno social, también pide al Gobierno que concrete desde una perspectiva progresista y comprometida la ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, incremente los recursos para erradicar la violencia de género y aumente de forma progresiva el Presupuesto de las políticas para la mujer hasta alcanzar el tres por ciento del POB en tres años.

IU-ICV añade la necesidad de crear nuevos derechos civiles con la Ley de Identidad de Género antes del verano, la equiparación real de las parejas de hecho al matrimonio, la reforma de la Ley del Divorcio, una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, la despenalización de la eutanasia y la puesta en marcha de una renta básica de ciudadanía.

NUEVA LEY ELECTORAL

La coalición que dirige Llamazares no olvida su tradicional demanda de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que antes de que acabe la legislatura mejore el sistema proporcional de representación en el Congreso, que actualmente les relega a sexta fuerza parlamentaria pese a ser la tercera en número de votos.

En esta reforma incluye una reducción de los gastos de las campañas electorales, la redistribución de espacios en los medios de comunicación, las medidas contra el transfuguismo, la plena garantía del ejercicio de voto a las personas discapacitadas y el derecho a sufragio de los inmigrantes residentes en España para las municipales.

También apuesta por una reorientación de la política exterior y de cooperación que contemple la ayuda al pueblo palestino, la autodeterminación del Sáhara occidental, la retirada de las tropas de Afganistán y la reforma de los créditos FAD.

Otras de las propuestas de este gruoo están dedicadas a un transporte e infraestructuras sostenibles y que garanticen el equilibrio territorial, un compromiso con la educación pública de calidad; la promoción del empleo estable y de calidad o un sistema fiscal que potencie la progresividad y la suficiencia del sistema.