El anteproyecto del Gobierno regula la acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia, que de aquí a 2015 conllevará un esfuerzo inversor de 10.000 millones de euros, financiados con una aportación pública al 50por ciento entre el Estado y las CC.AA.

Izquierda Verde recuerda que la aprobación de esta ley durante la presente legislatura para poner en marcha lo que consideramos como el ‘cuarto pilar’ del estado del Bienestar fue una de las razones fundamentales para apoyar la investidura del actual Gobierno. Por ello, actuará "con responsabilidad, pero de forma especialmente exigente", a lo largo de todo su proceso de tramitación que ahora se inicia.

IU-ICV espera mayor concreción del texto y anuncia que aportará propuestas concretas antes de su aprobación definitiva para garantizar al máximo la estabilidad y las garantías. La formación que dirige Gaspar Llamazares desea que la ley entre en vigor en 2007 y se convierta en una norma básica que "reconozca un derecho exigible y que mejore el tratamiento de la autonomía personal en su articulado".

Además, IU-ICV pretende que la memoria económica que la acompañe sea "más precisa en la cuantía comprometida y lo comprometido para cada anualidad en el calendario de aplicación de la ley". La cuantía y forma de financiación de esta ley será fundamental para decidir el apoyo a esta norma, señala IU en una nota de prensa.

Reclama, asimismo, consenso con las comunidades autónomas y asegura que trabajará por "limitar y regular el porcentaje de pago de los usuarios, poniéndolo en relación con la capacidad económica y pensión que percibe cada ciudadano. La horquilla de aportación de usuarios al sistema hasta un techo del 40% de su coste total la consideramos excesiva, por lo que IU-ICV defenderá que se dé una atención gratuita a las personas dependientes con rentas más bajas, centrándose el esfuerzo en aquellos ciudadanos con mayor capacidad económica".

De igual modo, proponen la creación de un observatorio y seguimiento de la calidad de las prestaciones, así como la formación permanente de quienes las realice. "Seremos exigentes en las condiciones de los decretos de desarrollo de esta ley donde se fijen el baremo común y la cartera de servicios a prestar desde las comunidades autónomas", indica IU.