En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados junto a la portavoz de Sanidad del grupo IU-ICV, Carme García, Llamazares subrayó que no han presentado enmienda a la totalidad porque considera que la ley se puede mejorar en la tramitación si el Gobierno muestra "flexibilidad" o, de lo contrario, tendrá "dificultades evidentes" para sacarla adelante.

El líder de IU resaltó que el hecho de que tres grupos hayan pedido la devolución del proyecto, en concreto PP, CiU y ERC, "demuestra que el Ministerio de Sanidad ha procedido con exceso de confianza y cierta tecnocracia, lo que ha provocado distorsiones".

Llamazares explicó que las enmiendas de su grupo irán orientadas a incrementar el uso de genéricos, como una de las medidas principales para controlar el gasto sanitario, ya que hoy en España el consumo de genéricos es del 10 por ciento, y no el 40 o el 50 por ciento, como en otros países europeos.

Para ello, IU-ICV propone medidas que incentiven la demanda de genéricos, como que los usuarios paguen el 25 o el 35 por ciento de los fármacos cuando no llevan marca, en lugar del 40 por ciento que pagan actualmente.

La mejora del sistema de información para médicos y usuarios, que ahora se limita a la de carácter privado y en forma de propaganda de las empresas farmacéuticas, es otra de las demandas de IU-ICV.

También propone prácticamente un título nuevo en el que se establezcan las obligaciones de la Administración central, ya que en el proyecto aparecen obligaciones para "prácticamente de todos los actores: empresas farmacéuticas, profesionales, comunidades autónomas, pero no para quien tiene la competencia".

LEY CONFLICTIVA

En esta cuestión incidió la portavoz de IU-ICV en la Comisión de Sanidad, quien subrayó que ésta "puede ser una ley conflictiva, porque muchos actores y sectores se sienten afectados, piensan que les marca muchas obligaciones sin que se vean compensadas por el papel que debe tener el Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, advirtió del "conflicto competencial" que puede provocar esta norma tal y como está redactada, por lo que reclama que se incrementen los mecanismos de participación de las comunidades autónomas, que sustentan la mayor parte del gasto farmacéutico, pese a que la competencia es de la Administración central.

Pese a todo, García explicó que su grupo parlamentario va a seguir manteniendo reuniones con técnicos del Ministerio de Sanidad para tratar de consensuar la Ley antes de que concluya, la semana que viene, el plazo para presentar las enmiendas al articulado.