La coalición ha presentado una propuesta de resolución a la mesa de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que pide que las campañas de publicidad del Gobierno se ajusten a los "principios de objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación, eficiencia y racionalidad económica".

Asimismo, requiere del Ejecutivo la total colaboración con el Tribunal y en su caso con la Fiscalía Anticorrupción en el desarrollo de sus funciones respectivas.

En este sentido, insta al Gobierno a que emprenda reformas legales o normas que desarrollen la legislación existente, para que se tipifique como un nuevo delito electoral la desobediencia flagrante a los acuerdos adoptados por las Juntas Electorales en materia de publicidad institucional.