En un comunicado de prensa difundido por IU, Llamazares se refiere así a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a "Procedimientos y Normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio", más conocida como "Directiva del Retorno".

El líder de IU ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo socialista para que se pronuncie, entre otras cuestiones, sobre si contempla la posibilidad de rechazar esta propuesta de Directiva, "difícilmente compatible con nuestro Estado de Derecho".

Esta directiva, opina, "no tiene por vocación la protección de las personas, sino más bien la eficacia de su internamiento, expulsión y uso de medidas coercitivas. El texto no persigue el objetivo de ratificar las mejores prácticas, sino alinearse sobre las normas más estrictas de los Estados miembros, armonizando hacia abajo".

Llamazares pone algunos ejemplos. "La detención en centros de internamiento podría alcanzar en determinados casos los 18 meses, una duración excesiva y desproporcionada. En España sólo puede alcanzar ahora un máximo de 40 días. Incluso los menores no acompañados podrían ser internados en estos campos durante ese mismo año y medio".

"Lo que es más grave, antes se exigía como regla general una orden judicial previa a la detención, mientras ahora se admite simplemente una orden administrativa", añade, "y se deja en manos de cada Estado miembro la decisión de prohibir el regreso del expulsado a todo el territorio de la UE durante un máximo de 5 años, lo que le impediría volver legalmente".

LLamazares denuncia que "el texto rebosa de eufemismos". Los centros de internamiento se denominan de "retención". Se habla de retorno "voluntario", pero la realidad es que se trata de un retorno forzado de quienes se encuentren en situación ilegal, por ejemplo tras la expiración de un visado o de un permiso de residencia.

Por su parte, el portavoz de ICV, Joan Herrera, alertó de que, de aprobarse esta directiva, que depende del voto de España, "se estaría dando carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales y se deteriorarían aún más las condiciones lamentables de las personas migradas".