IU considera que "reducir la elevada precariedad laboral es condición necesaria para mejorar nuestra productividad y asegurar la sostenibilidad del crecimiento de la economía y de la propia creación de empleo a medio plazo".

Por ello, cree que "el papel del gasto público es fundamental para contribuir a aumentar el potencial de crecimiento del empleo de calidad, dedicando recursos presupuestarios suficientes a investigación, formación, educación o infraestructuras sostenibles, pero también y de forma particular mejorando los servicios sociales y reforzando la inspección laboral".

Alcázar pide una apuesta "decidida" por una mayor dotación de los servicios sociales públicos para generar empleo y también el incremento de las plantillas de la inspección laboral "para luchar contra el fraude en la contratación temporal, el abuso en la utilización de las horas extraordinarias y excesos de jornada, y la elevada siniestralidad laboral".