Suárez Machota acusó a la responsable de este organismo de"violación de los derechos fundamentales de libertad sindical", al abrir un expediente informativo tras una visita de dos parlamentarios de la coalición.

Explicó que IU tomó esta decisión tras lo sucedido después de la visita que realizó el 17 de septiembre de 2004, encompañía del portavoz de su grupo, Fausto Fernández, al IAF.

Recordó que, a pesar de que se les prohibió la entrada a las instalaciones, se reunieroncon representantes de los trabajadores y el secretario de la sección sindical de CCOO, quienes habían denunciado ante los medios de comunicación la "precaria situación las instalaciones del Instituto.

En la denuncia se afirmaba la existencia de "cámaras frigoríficas inutilizadas, cajas con restos óseos de cadáveres en los pasillos, bolsas con ropas de los fallecidos amontonadas, muebles abandonados en el pasillo de la primera planta, vestuario deficiente para el personal que presta servicios en el centro, deficiente instalación eléctrica, con peligro de electrocución; carencia de agua caliente en sala de autopsias, ataúdes en el suelo de la sala de cámaras, envases con vísceras en los pasillos de la segunda planta, carencia de lavaojos en laboratorios de toxicología y anatomía patológica, y averías importantes en cinco de las mesas de las autopsias".

El diputado de la coalición dijo que en el encuentro participaronla directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladía Olmedo, y un técnico del gabinete del consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Recordó, asimismo, que, en octubre de 2004, la directora del IAF denunció ante el Servicio de Inspección Personal de la Consejería de Justicia e Interior la actuación de los representantes sindicales del personal y de CCOO por laentrevista que mantuvieron con los diputados de Izquierda Unida.

Como consecuencia, el director General de Función Públicaabrió un expediente a los delegados sindicales, que ha estado "en tramitación hasta que algún medio de comunicación se ha hecho eco del mismo, lo que al parecer ha motivado que el consejerode Justicia e Interior haya acordado el cierre y el archivo del expediente".

A su juicio, la actuación de la directora del IAF "vulnera nuestra Constitución y los derechos fundamentales recogidos en ella, en concreto el artículo 28, que establece la libertad sindical y que por tanto protege la actuación de los delegados sindicales en la denuncia de las condiciones de trabajo y la seguridad e higiene en el trabajo, máxime si se da en un servicio publico esencial".

Asimismo, añadió, supone una violación del artículo 23, que recoge y protege la actividad de los diputados como representantes del pueblo, ya que "si además de no facilitarse la tarea y las labores de los diputados se persigue a quienes colaboraron con ellos, se está reprimiendo los derechos de los diputados y de quienes por ellos son representados, como lo ha explicitado el Tribunal Constitucional".

"Resulta incomprensible que personas que no respetan los derechos fundamentales de la Constitución (art. 28 y 23) continúen un solo día más en el cargo público tras comprobarse su falta de respeto a los mismos", concluyó Luis Suárez.