IU-ICV ha registrado una proposición de ley en la que reclama la creación de la "renta básica de ciudadanía", de carácter universal e individual, y que no estaría condicionada al hecho de haber trabajado y cobrado un salario.

En caso de aprobarse, la renta sería efectiva para todos los ciudadanos que acrediten su residencia habitual en España, y su cuantía nunca sería inferior al umbral de la pobreza de cada comunidad autónoma, salvo para menores de 18 años, casos en los que se fijaría en el 50 por ciento.

La asignación concreta deberá ser determinada cada cinco años, y revisada anualmente en función del IPC, y su objetivo es "acabar con las situaciones de pobreza, ayudar a las población que depende de las ayudas asistenciales para subsistir, incrementar el grado de autonomía de buena parte de los ciudadanos, y racionalizar el sistema de prestaciones y subsidios".

El pago de la prestación será gestionado por cada CCAA, y sólo se considerará que ésta ya no es necesaria cuando ya se perciban cantides superiores por otras ayudas de carácter social, personal y no contributiva efectuada por el Estado, los gobiernos autonómicos y locales u otras administraciones públicas

Por su parte, ERC pide un estudio sobre la viabilidad de establecer por parte de los poderes públicos, con el fin de desarrollar derechos establecidos en la Constitución Española y en la Constitución Europea, una renta general para toda la ciudadanía de pleno derecho, sin menoscabo de las otras rentas fruto del trabajo remunerado.

Además, la formación independentista prepara una resolución para el Debate sobre el Estado de la Nación con el fin de que el Congreso estudie la viabilidad de la implantación de esta Renta Básica Universal.