La resolución ha sido presentada por todo el grupo, pero para ERC es una de las tres cuya aprobación es condición imprescindible para poder plantear cualquier acercamiento al PSOE.

En función del informe independiente de evaluación de la ley que debe realizarse en julio de este año, ERC pide que se impulsen una serie de medidas en las comunidades autónomas que corresponda.

En primer lugar, garantizar el despliegue del catálogo de servicios dentro de la red pública de servicios sociales de cada comunidad, permitiendo el acceso a los servicios mediante oferta pública.

También que se aumente la coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para evitar duplicidades y potenciar la calidad, "evitando retrasos inaceptables en la percepción de la asistencia una vez producida la valoración de la persona dependiente".

Reclaman asimismo medidas formativas para garantizar la cualificación profesional de las personas que participen en la atención, y campañas de información que expliquen a los ciudadanos los derechos derivados de la ley.

En la misma resolución, este grupo propone aumentar hasta 400 millones de euros el Fondo de Inmigración y territorializar los fondos de apoyo a inmigrantes que se mantienen centralizados.

Quieren además que se garantice la participación de las comunidades autónomas en la definición de contingentes, en la expedición de permisos de residencia y las renovaciones de permisos de trabajo.

También proponen una serie de pautas ante la proyectada reforma de la Ley de Extranjería, como mantener el actual plazo de 40 días de internamiento de los irregulares, suprimir las sanciones a las organizaciones que les atienden de forma desinteresada, favorecer la reagrupación de los ascendientes, y garantizar que en los expedientes de repatriación los menores no acompañados deban ser escuchados con la intervención fiscal.