Aguilar quiso dejar claro que su grupo acata la resolución y considera que el poder judicial debe trabajar con absoluta independencia, pero a renglón seguido destacó que Izquierda Unida entiende que el secreto nunca puede ni debe amparar lo ilícito o lo ilegal.

"Hemos venido manteniendo", comentó textualmente, "que el secreto nunca puede ni debe amparar lo ilícit, lo ilegal y, en definitiva, no puede amparar el delito. La palabra secreto no puede esconder pruebas al poder judicial cuando tiene que investigar".

En su opinión, el fallo de la Sala de Conflictos refleja que el Gobierno es el que clasifica una materia secreta o no y el que tiene el poder de decidir en Consejo de Ministros si desclasifica algo como secreto y, por tanto, si lo entrega a la investigación judicial o no.

"Esto supone crear un suprapoder ejecutivo por encima de los demás poderes y uebrar un poco lo que debe significar el Estado de derecho en cuanto al ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial", indicó.

Aguilar aseguró que, al final, "todos quedamos en manos del Gobierno" y queda claro que la justicia no puede adentrarse en determinadas zonas de investigación sobre las que el Gobierno tiene la última palabra.