Herrera, que resaltó que ni la Comisión de Urbanismo ni los grupos políticos conocen oficialmente l proyecto, explicó que el encargado de gestionar la recalificación urbanística es el bufete de los hermanos Serrano-Alberca, que actuaron como intermediarios en el escándalo de Renfe en San Sebastián de los Reyes.

La modificación establece, según el edil de IU, la desaparición de 6.000 metros cuadrados destinados a uso industrial -que se quedarían en 1.000 metros cuadrados si el proyecto prosperase-, asi como un cambio en la edificabilidad que afectaría a la vivienda de protección oficial.

El Pln General establece la habilitación en la zona de 56.700 metros cuadrados para viviendas en altura y otros 132.300 para viviendas unifamiliares, mientras que la modificación propuesta recoge 132.000 metros cuadrados para las colectivas y los restantes 56.000 para las unifamiliares, con lo que se favorecen las viviendas en altura y hay más suelo resultante, dijo Herrera.

Tras subrayar que esta operación generaría una importante plusvalía para los poseedores de terreno en la zona, Herrera puso de reliev que algún miembro del equipo de gobierno municipal ha dado su visto bueno a la recalificación, aunque no quiso facilitar nombres argumentando que carecía de pruebas suficientemente contrastadas.

El portavoz de la coalición aseguró que su grupo, tras una intensa reflexión, ha decidido denunciar la operación a los medios de comunicación para que el alcalde "pare el tema", con el fin de que el presunto escándalo no caiga sobre las espaldas del Ayuntamiento, con el consiguiente desprestigio de la instituión.

COMISION DE LA MUJER

Por otra parte, Herrera criticó duramente a la concejala de Medio Ambiente y presidente de la Comisión Municipal de la Mujer, Esperanza Aguirre, a quien acusó de ser el principal obstáculo para que dicho órgano funciones adecuadamente.

El Grupo Municipal de IU, que propuso la creación de esta comisión, evaluó en unos 1.100 millones de pesetas el dinero necesario para su funcionamiento, aunque solicitó al concejal de Hacienda que adelantase 100 millones en los presupuesos para 1992, con el fin de que la comisión comenzara a ponerse en marcha.

Sin embargo, el equipo de gobierno no aceptó la petición, lo que demuestra, según Herrera, que el Ayuntamiento de Madrid no quiere luchar contra la situación de discriminación que sufre la mujer.

"Esperanza Aguirre", añadió el concejal, "en vez de preocuparse por el conjunto de mujeres de todas las ideologías, pertenece a una minoría confortablemente instalada a la que le importan tres narices las demás mujeres".

Por u parte, Begoña San José, también edil de IU, manifestó que quizás sea más importante "recoger mil cagadas de perro que preocuparse por potenciar estos programas de ayuda a la mujer".

A su juicio, el equipo de Alvarez del Manzano ha querido vaciar de contenido a la Comisión de la Mujer, convocándola una sola vez en cinco meses y excluyendo la presencia de asociaciones prevista por las normas de participación.

Los objetivos de este órgano son, entre otras, la promoción del empleo, un plan municipa de escuelas infantiles y la extensión de la ayuda a domicilio a las madres trabajadoras con hijos.