La denuncia, interpuesta ante el Jugado de Instrucción número 29 de Madrid, también se refiere a la presunta comisión de los delitos de maquinación para la alteración del precio de las cosas, estafa, falsedad en documento público, delito fiscal, fraude y exacciones ilegales.

Los representantes de IU que interpusieron la denuncia, Angel García y Mariano Santiso, aseguraron que a la vista del desarrollo de los hechos, la coalición emprenderá nuevas iniciativas.

Entre ellas, no descartan pedir la dimisión de García Valverde si los juces consideran que estuvo directamente relacionado con la compra irregular de los terrenos.

Angel García explicó que IU ha decidido recurrir a los tribunales porque "la práctica habitual del PSOE es bloquear las comisiones de investigación que pide la oposición en el Congreso".

La operación en San Sebastián de los Reyes por parte de Equidesa, empresa filial de Renfe, fue tachada por los responsables de IU de "ruinosa para el bolsillo de los españoles".

La citada operación se realizó en el peiodo comprendido entre finales de 1989 y mayo de 1990. En este mes, la Dirección de Cercanías de Renfe se comprometió con los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a la entrega de un estudio de viabilidad de trazados.

Para IU, es "manifiesto" el incumplimiento de este compromiso. No sólo no se llevó a cabo, afirmó Santiso, sino que además, se propiciaron operaciones calificadas de "irregulares" por el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Los representantes de la calición consideran que se trata de una operación especulativa, en la que se beneficiaron particulares. A su entender, Renfe dispone de mecanismos para expropiar terrenos por los que iba a pasar el tren anunciado sin necesidad de recurrir a la especulación.

IU incluye en su denuncia a José María Pinedo, diseñador de la operación que modificó el trazado inicial de la vía para hacerlo pasar por los terrenos previamente comprados por Renfe.

También menciona a José María Rodes, director de las empresa participadas por Renfe y que solicitó los anticipos, primero de mil millones y después de 1.800 millones, a través de Eduardo Moreno, director general de Servicios Centrales de Renfe.

El fin de estas cantidades, según IU, era en realidad pagar a compradores y arrendatarios fingidos, que habrían llegado a ser titulares de nueve terrenos en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, "gracias a informaciones privilegiadas y conniventes" y en el marco de la operación inmobiliaria diseñada por osé Luis Pinedo, que se reunió en varias ocasiones durante toda la operación con el concejal de Urbanismo del municipio madrileño, Agustín Sacristán.

IU no descarta que existan ramificaciones tanto en la Administración autonómica como en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, dado que se manejó información privilegiada para realizar la operación.

Por ello, la demanda abarca también "a todas las personas que pudieran aparecer implicadas en cualquier grado de autoría o participación en los echos y a todas aquellas que teniendo conocimiento de los mismos no hubieran cumplido con la obligación de dar traslado al juzgado".

TORPES ARGUMENTOS

El coordinador general de IU, Julio Anguita, afirmó hoy en Sevilla que Julián García Valverde incurre en "torpes argumentos" cuando alega que la operación inmobiliaria contaba con el visto bueno de la Comunidad de Madrid y los municipios afectados.

En cuanto a las declaraciones de la presidenta de Renfe, Mercé Sala, en las que afirmó que la operaión perseguía únicamente ampliar una línea de tren, Anguita aseguró que "afortunadamente, los tribunales no entienden de intenciones".

El Partido Popular pidió en el Congreso la creación de una comisión de investigación parlamentaria que investigue las presuntas irregularidades detectadas en la compra de terrenos.

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Loyola de Palacio, pidió a García Valverde que dé una explicación al Parlamento por estos hechos y aclare "por qué el dinero de los españoles se ddica a especular con terrenos, en una compra que no está nada claro para quién es ese beneficio, y, todo esto, fraudulentamente, sin cumplir las obligaciones tributarias a las que todos estamos sujetos".

El diputado del PP Felipe Camisón ha presentado una pregunta al ministro de Obras Públicas, José Borrell, en la que le interroga:

"¿No cree el señor ministro que la operación de arrendamiento por parte de la Sociedad Consorcio Eléctrico Madrileño de terrenos en San Sebastián de los Reyes, poco timpo antes de ser comprados por Equidesa, constituye una estrategia para propiciar un supuesto desvío de fondos?".

El CDS exigió a Renfe, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que expliquen por qué decidieron la operación y exige una respuesta a la pregunta formulada en este sentido al Gobierno por su diputado Baltasar de Zárate hace varias semanas.

VILLA OLIMPICA

El titular de Sanidad aseguró hoy en la sede del ministerio que operaciones como la realizada en SanSebastián de los Reyes se han realizado en otras ocasiones para poder construir la Villa Olímpica de Barcelona o el "pasillo verde" ferroviario de Madrid.

La existencia de documentos en los que el entonces presidente de Renfe autorizaba un anticipo de 1.800 millones de pesetas a Equidesa para la compra de terrenos fue calificado por el ministro como un trámite normal en estas empresas. "Lo raro sería que no existiera ninguna referencia escrita", afirmó.

Respecto a las iniciativas emprendidas por a oposición, García Valverde dijo sentirse extrañado por estas actuaciones, "ya que en este tema no existe la más mínima irregularidad".

Recordó que en esta situación hay que diferenciar la operación realizada por Renfe y la implicación de varios directivos de Consorcio Eléctrico Madrileño, compañía que vendió los terrenos, en el fraude de las facturas falsas de IVA.

"En cuanto al fraude a Hacienda", añadió, "colaboraré con los investigadores en lo que esté en mi mano para aclarar dichas actuacioes irregulares", añadió.

El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, manifestó hoy en rueda de prensa en relación con este tema que ha encargado un informe reservado sobre las actuaciones del notario que intervino en la operación para ver si es tipificable de delito en el reglamento notarial.

En principio, estimó que la autorización del libramiento del dinero concedida por García Valverde cuando ejercía de presidente de la compañía ferroviaria le parece una "operación correcta".

"El supuest delito fiscal", dijo, "es sólo imputable a las sociedades intermediarias y las personas que colaboraron en el hipotético fraude, pero, en cualquier caso, tiene que ser Equidesa la que diga si se siente lesionada por esta actuación".