Según los cálculos de IU, "estamos hablando de al menos un millón de euros, que en un contexto de recorte de equipamientos públicos como el que está aplicando el alcalde se podrían destinar a los distritos o barrios que más lo necesitan".

A juicio de Lara, "resulta como poco llamativo, cuando no sospechoso, que la voracidad recaudatoria que muestra el equipo de Gobierno de Gallardón con los vecinos se transforme en desidia cuando de lo que se trata es de pasar factura a las compañías privadas", manifestó Lara.

Según informó IU, su portavoz de Movilidad ha recibido contestación por escrito del Consistorio "en la que se admite que las certificaciones de mayo y junio están paralizadas por la tramitación de los expedientes de descuento".

Lara recordó que el concejal de Hacienda, Juan Bravo, se comprometió a actuar de inmediato, "cuando la realidad es que todavía ni saben cuánto, y también se desconoce, vista esta negligencia, si hay voluntad de proceder a estas minoraciones de pago".