Añadió que las viviendas que salen a subasta, cuyo valor medio ronda los 20 millones de pesetas, no pueden ser puestas a disposición de la población que las necesita, porque luego son adjudicadas en tres o en cinco milones mediante la actuación de estas mafias, "que se extienden a agencias inmobiliarias e incluso a entidades financieras", subrayó.

La propuesta de IU plantea la necesidad de adoptar una ley de bases que reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para la regulación de las subastas judiciales de bienes inmuebles, con el fin de conseguir una mayor transparencia en las adjudicaciones.

En este sentido, IU defiende que las fincas objeto de subasta puedan ser visitadas por los licitadres y que haya un precio mínimo de adjudicación.

Asimismo, reclama que los subasteros no puedan especular con las viviendas que le son adjudicadas en los ocho días siguientes que la ley establece para poder depositar el dinero de la compra, así como la creación de una Oficina de Información de Subastas al público.

López Garrido insistió en que la propuesta de su grupo está "muy pensada y muy medida", por lo que espera recibir el respaldo del resto de grupos de la Cámara.